Redacción
La alarma volvió a encenderse en el Servicio Penitenciario de Salta (SPPS). Mientras la institución aún no logra asimilar la muerte del subadjuntor Juan Pablo Burgos en Orán, un nuevo episodio de extrema gravedad tuvo lugar este domingo en la Unidad Carcelaria N°2 de San José de Metán, dejando al descubierto una crisis humanitaria y laboral que parece no tener techo.
Cerca de las 13:20 horas, un cabo primero ingresó de urgencia al Hospital del Carmen tras protagonizar un intento de suicidio. Según lo que se supo, el agente intentó terminar con su vida, pero el elemento utilizado se cortó. El desenlace no fue fatal por una circunstancia fortuita, aunque la caída le provocó severas lesiones en la cabeza y el rostro.
Según fuentes del mismo Servicio Penitenciario, el hombre habría llegado al límite tras meses de malos tratos constantes, jornadas laborales extenuantes y amenazas de traslados por parte de sus superiores en Metán.
A este cuadro de presión institucional se sumaron problemas de índole personal, conformando un escenario crítico que no encontró ninguna red de contención. La denuncia de los agentes es unánime: el SPPS no ofrece respuestas reales en materia de salud mental.
El "pacto de silencio" y la cadena de mando
Lo más alarmante del caso sería la reacción de la cúpula penitenciaria. Fuentes internas aseguran que el hecho intentó ser silenciado para evitar un nuevo escándalo tras la tragedia de Orán. La prioridad, lejos de ser la salud del agente, habría sido el control de daños en la imagen pública de la fuerza.
Las miradas apuntan directamente a Enrique Torres, director del SPPS, a quien el personal señala como el máximo responsable de un modelo de conducción basado en el castigo y el hostigamiento. En este esquema, el Departamento de Bienestar del Personal es descrito como un ente inoperante que ignora las necesidades básicas de los trabajadores.
