Juan Cruz Gorosito
El Gobierno argentino y la empresa YPF se presentaron ante la justicia de Estados Unidos para rechazar un pedido de los demandantes en el caso por la expropiación de la petrolera, quienes buscan utilizar información del proceso judicial en un eventual arbitraje internacional.
La presentación fue realizada ante la jueza de Nueva York, Loretta Preska, en respuesta a la solicitud de los fondos Petersen y Eton Park —financiados por Burford Capital— que pretenden emplear material obtenido durante el litigio en Estados Unidos en una futura instancia ante el CIADI, el tribunal arbitral del Banco Mundial.
Según el escrito, firmado por el estudio jurídico Sullivan & Cromwell en representación de la Argentina, la documentación en cuestión está alcanzada por un acuerdo de confidencialidad vigente que limita su uso exclusivamente al proceso en curso en territorio estadounidense. Además, remarcaron que ese entendimiento ya fue homologado por el tribunal hace casi seis años.
“La orden prohíbe expresamente la extraordinaria medida que los demandantes buscan”, señalaron los abogados, al tiempo que subrayaron que el material de discovery sólo puede ser utilizado para la tramitación o defensa de ese caso específico y no para otros procesos legales, presentes o futuros.
Desde la defensa argentina también advirtieron que los demandantes intentan modificar las reglas acordadas para reforzar su estrategia de revertir el fallo adverso en Estados Unidos a través de un arbitraje internacional. En ese sentido, cuestionaron la intención de “reescribir” las condiciones vigentes para habilitar el uso de toda la evidencia recolectada.
Otro de los puntos planteados fue la falta de oportunidad del pedido. Según sostuvieron, el planteo resulta prematuro, ya que el arbitraje ante el CIADI aún no fue formalmente iniciado, por lo que no corresponde habilitar el uso de información en un proceso que todavía no existe.
De esta manera, la posición oficial se apoya en que no hay fundamentos legales ni procesales para modificar el acuerdo de confidencialidad vigente, en un nuevo capítulo del litigio internacional que mantiene en vilo a la Argentina desde hace años.
