Juan Cruz Gorosito
La causa judicial que tiene como imputado al intendente de La Merced, Javier Wayar, registró un nuevo avance durante una audiencia en la que la defensa del jefe comunal presentó una serie de planteos preliminares que fueron analizados por el magistrado interviniente.
Al inicio de la jornada, los abogados defensores formularon tres requerimientos ante el tribunal. Sin embargo, el juez rechazó dos de ellos al considerar que se trataba de cuestiones que ya habían sido resueltas en instancias anteriores. En tanto, la decisión sobre un tercer planteo quedó postergada hasta tanto se verifique una notificación formal vinculada al expediente.
La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por el expresidente del Concejo Deliberante de La Merced, Santiago Huerga, junto a otros concejales. La acusación principal apunta al presunto delito de peculado y sostiene que en septiembre de 2020 se habrían realizado transferencias de dinero desde cuentas bancarias de la Municipalidad hacia cuentas personales de tres exconcejales, movimientos cuya justificación es materia de investigación.
A ello se suma una imputación por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público. Según la acusación fiscal, Wayar habría firmado un contrato de comodato mediante el cual se cedió un inmueble perteneciente al predio del matadero municipal a una asociación civil sin cumplir con los procedimientos administrativos exigidos por la Carta Orgánica Municipal, entre ellos la realización de una licitación y la autorización previa del Concejo Deliberante.
Mientras se desarrolla este proceso penal, el intendente también aparece vinculado a otro expediente judicial de carácter civil relacionado con el fallecimiento de Tomás Alancay, un niño de cinco años que murió tras ser atropellado por un vehículo oficial cuando circulaba en bicicleta por una calle de la localidad.
En ese contexto, los representantes legales de la familia del menor informaron haber detectado movimientos patrimoniales efectuados por el funcionario luego de concluida la etapa de mediación obligatoria. De acuerdo con la información incorporada a las actuaciones, se habrían realizado transferencias de inmuebles y vehículos particulares a nombre de una hermana y otros familiares directos.
La continuidad del proceso judicial será clave para determinar la responsabilidad o no del jefe comunal en los hechos investigados, en una causa que mantiene alta repercusión política e institucional en La Merced.
