Axel Morales
El Gobierno de la Provincia ratificó su postura de no tolerar conductas delictivas dentro de las filas policiales. A través de un decreto administrativo, se oficializó la cesantía de un sargento ayudante que, lejos de cumplir con su deber de proteger, protagonizó hechos que derivaron en causas penales y administrativas.
El legajo del exefectivo comenzó a ser cuestionado tras un reporte de la Subcomisaría de Campo Castañares. Allí se documentó que el sargento no solo conducía un vehículo bajo los efectos del alcohol, sino que además había decidido ignorar una restricción perimetral, cometiendo el delito de desobediencia judicial.
A diferencia de otros procesos, la celeridad en este caso fue clave. La investigación sumaria acumuló pruebas contundentes:
1. Evidencia técnica: Actas de comprobación de alcoholemia positiva.
2. Evidencia judicial: Denuncias penales previas por violencia de género o conflictos familiares que derivaron en la perimetral.
3. Confesión: Ante el peso de las pruebas, el propio efectivo admitió los hechos durante su defensa.
Tras pasar por la suspensión preventiva, la Jefatura de Policía determinó que las acciones de C.M.G. eran "incompatibles con la función". Con el aval del Ministerio de Seguridad y la Fiscalía de Estado, el sargento fue apartado definitivamente de la fuerza, perdiendo todos sus beneficios jerárquicos.
