Juan Cruz Gorosito
Los fiscales penales Ramiro Ramos Ossorio y Esteban Martearena, en Unidad Fiscal, en el marco de la investigación que llevan adelante por alrededor de 40 denuncias vinculadas a la comercialización de lotes ajenos e inhabitables, solicitaron ante el Juzgado de Garantías 3 del distrito Centro, orden de allanamiento para un estudio jurídico ubicado en la calle Córdoba 271 de la ciudad de Salta.
En cumplimiento de la medida, personal del Grupo Investigativo del Sector Oeste de la Policía, este viernes realizó el allanamiento en el estudio jurídico del abogado Santiago Pedroza, quien se encuentra investigado en la presente causa.
Cabe destacar, que, a solicitud de los Fiscales, participó del allanamiento, un profesional veedor del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta.
La intervención de la Delegación San Lorenzo de la Fiscalía Penal 2 del distrito Centro se inició a partir de la denuncia de un hombre de 35 años, quien manifestó haber sido engañado en la adquisición de un lote en Atocha.
Según lo denunciado, el origen de los hechos se remonta a 2023, cuando se produjo una ocupación ilegal de terrenos en la ribera del río Arias. Tras el desalojo policial, un abogado se presentó ante las familias afectadas ofreciendo asesoramiento legal.
La maniobra habría alcanzado a unas 400 personas, con montos abonados que van desde 500.000 pesos hasta cifras cercanas a los 8 millones por familia. Los pagos se realizaban en efectivo o mediante transferencias, en domicilios particulares o en el estudio jurídico del profesional, con entrega irregular de comprobantes.
El pasado 16 de abril, un grupo de damnificados se presentó en Casa de Gobierno, donde autoridades provinciales informaron que las gestiones atribuidas al abogado carecían de sustento legal, que no existían trámites registrados ante organismos como Recursos Hídricos o Tierra y Bienes, y que los recursos judiciales mencionados habían sido rechazados.
Asimismo, desde el organismo de Tierra y Bienes indicaron que podría tratarse de una maniobra fraudulenta y recomendaron radicar la denuncia formal.
Se confirmó que los terrenos ofrecidos se encuentran en una zona inundable y no apta para asentamientos, lo que agrava la situación de las familias afectadas.
Los miembros de la Unidad Fiscal recordaron que las personas que consideren haber sido perjudicadas con maniobras similares, deben presentarse en la Delegación San Lorenzo con la documentación correspondiente, a fin de avanzar en la investigación. Se solicita que los denunciantes aporten comprobantes de pago y otra documentación que permita acreditar tal situación.
