Juan Cruz Gorosito
El fiscal federal Gerardo Pollicita intimó formalmente al exjefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, para que explique el crecimiento de su patrimonio durante el período en el que ejerció funciones públicas. La medida se enmarca en una causa judicial que investiga un presunto enriquecimiento ilícito y quedó formalizada mediante un requerimiento de 207 páginas presentado ante el juzgado de Ariel Lijo.
La investigación comprende el patrimonio de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, desde el 14 de diciembre de 2023, cuando asumió en la función pública, hasta el 27 de junio pasado, fecha en la que dejó el cargo. A partir de la notificación, su defensa, encabezada por el abogado Matías Ledesma, tendrá un plazo de 15 días para presentar documentación que permita justificar los movimientos patrimoniales observados.
De acuerdo con el informe técnico elaborado por especialistas del Ministerio Público, el matrimonio habría declarado ingresos lícitos por casi 230 millones de pesos correspondientes a 35 sueldos. Sin embargo, durante el mismo período se registraron gastos documentados por más de 272 millones de pesos, lo que arrojaría una diferencia superior a los 43 millones de pesos que la Fiscalía busca esclarecer.
Además, Pollicita pidió explicaciones sobre el origen de más de 400.000 dólares destinados a operaciones inmobiliarias y trabajos de refacción en el country Indio Cuá y en una propiedad ubicada sobre la calle Miró.
Entre los puntos que deberá responder el exfuncionario también figura la presunta intervención de empleados públicos en el pago de consumos realizados con tarjetas de crédito, además de movimientos vinculados con criptomonedas, ingresos que habrían sido declarados como exentos y posibles donaciones o aportes familiares.
La situación también quedó vinculada a declaraciones realizadas por el propio Adorni en una entrevista televisiva, en la que aseguró contar con “ahorros en negro” provenientes de inversiones en criptomonedas realizadas antes de asumir en la función pública. La Fiscalía busca determinar el origen de esos fondos y por qué no habrían sido incluidos en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción.
Ahora, la defensa deberá presentar los comprobantes y explicaciones correspondientes para responder a los cuestionamientos planteados por el fiscal. Si la documentación no logra despejar las inconsistencias detectadas, el juez Ariel Lijo deberá evaluar los pasos siguientes de la investigación, entre ellos la posibilidad de convocar al exfuncionario a una declaración indagatoria.
