Estimaciones privadas arrojan que los territorios provinciales podrían recibir el 28% de lo recaudado por Nación, un nivel equiparable a los registros de 2007.
PAIS14/02/2024
Juan Cruz Gorosito
La disputa entre el gobierno nacional y las provincias crece día a día, pero ya deja entrever algunas proyecciones del impacto económico que puede tener, al menos, en el corto o mediano plazo. De acuerdo a estimaciones privadas, si el Ejecutivo continúa con su plan de recorte, las provincias podrían quedarse con el porcentaje de recaudación más bajo en más de 15 años.
”Esperamos que las provincias se queden con apenas 28% del total recaudado, un nivel semejante al de 15 años atrás”, indicó la consultora LCG en su último informe.
En concreto, en el 2023, el porcentaje de la recaudación que recibieron las provincias a través de las transferencias automáticas nacionales fue del 34%, similar al de los últimos seis años. En 2007 se registró el último período en que la recaudación de las provincias estuvo en el 28%, tal como se espera para este año.
La principal explicación para comprender la dinámica de la recaudación de las provincias es que este año se espera que el aumento de los ingresos nacionales estén impulsados por la suba de recursos tributarios que no son coparticipables, es decir, que crecerán los fondos no se reparten con los territorios provinciales.
”Este año las provincias verán reducida su participación en el total de la recaudación nacional porque el aumento de los recursos tributarios será traccionado por los impuestos no coparticipados: derechos de exportación a partir del fin de la sequía y del sinceramiento del tipo de cambio aplicable (por ahora un esquema 80% oficial y 20% CCL) y el impuesto País por la ampliación de la base imponible y la suba de alícuotas dispuestas en diciembre último”, describió LCG.
Además, destacó que Ganancias, el principal impuesto coparticipado, se verá afectado por la reducción de las retenciones a los trabajadores en relación de dependencia después de la reforma del año pasado que llevó a 15 salarios mínimos, vitales y móviles el piso para que esas personas queden alcanzadas por el gravamen, y que por ahora el Ejecutivo tampoco avanzó en modificar, pese al intento que quedó trunco tras el fracaso de la Ley Ómnibus.
Un caso particular sería el del impuesto País, que los gobernadores reclamaron coparticipar en un 30%, aunque hasta ahora ese pedido no se concedió. Los analistas esperan que si el Gobierno finalmente concreta su objetivo de levantar el cepo o unificar el tipo de cambio, ese tributo se eliminaría y cualquier transferencia a las provincias que se realizara a través de esa vía, también quedaría suprimida.
La falta de inversión en infraestructura vial profundiza el conflicto entre la Nación y las provincias. Mientras gobernadores y productores exigen respuestas, el Gobierno apuesta por la tercerización total del mantenimiento y enfrenta críticas por el deterioro de las rutas nacionales.
El Gobierno firmó un DNU que reforma el sector energético. Disuelve los entes reguladores del gas (ENARGAS) y la luz (ENRE) y crea un único organismo.
El Ejecutivo planea eliminar o transformar organismos clave como parte de su política de reducción del Estado. Vialidad Nacional, la CNRT y la ANSV dejarían de existir en su forma actual. Gendarmería y Economía asumirían sus funciones.
La brutal caída de temperaturas disparó la demanda de gas a niveles históricos y generó cortes de suministro en estaciones de GNC e industrias, incluso con contratos en firme. El Gobierno activó un comité de emergencia y restringió exportaciones mientras se expone una vez más el déficit estructural del sistema energético.
A través del decreto 439/2025, se confirmó que la soja volverá a tributar el 33% y el maíz el 12%. El trigo y la cebada mantendrán la baja temporal hasta marzo de 2026.
Según un informe del Gobierno, la pobreza en Argentina disminuyó significativamente en el primer trimestre de 2025, alcanzando el 31,7%, mientras que la indigencia se ubicó en el 7,3%. El descenso se atribuye a políticas económicas orientadas a estabilizar la economía y a las transferencias directas a los sectores más vulnerables.
