Juan Cruz Gorosito
Este martes comenzó el operativo de distribución de los alimentos retenidos que generaron polémica en las últimas semanas. Así lo anunció el Ministerio de Capital Humano durante la tarde de este lunes, día en que llegaron los primeros camiones del Ejército a los depósitos de Villa Martelli para ocuparse del operativo de carga y posterior entrega de la mercadería que lleva almacenada.
Se firmó, a su vez, un convenio con la Fundación CONIN para que, a través de 64 centros de distribución, sus comedores y merenderos, facilite la provisión de más de 465 mil kilos de leche en polvo a los sectores sociales vulnerables, señalaron fuentes oficiales.
El personal del Ejército enviado por el Gobierno para iniciar la distribución
“La entrega de la mercadería tendrá una duración de dos semanas, teniendo en cuenta las fechas de vencimiento de los productos. Para garantizar una logística rápida, eficiente y sin intermediarios, el operativo contará con la colaboración del Ejército Argentino y el Ministerio de Defensa”, indicaron fuentes oficiales.
A su vez, el vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró este lunes que sólo van a distribuir los alimentos que estén cerca de su fecha de vencimiento. Además, se refirió al nuevo mecanismo que ideó Federico Sturzenegger: “Se trata de un sistema con opción de compra que hace que el sector privado garantice la provisión de alimentos cuando ocurra la emergencia o la catástrofe, que se suma a la modernización de la política social que lleva a cabo Pettovello, quien en pocos meses de gestión desmanteló el sistema putrefacto heredado por gestiones pasadas”.
Los camiones con los que el Ejército Argentino hará el reparto de la comida que está cerca de su fecha de vencimiento
El hallazgo de comida en galpones próximo a vencerse precipitó en los últimos días la salida del secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo de la Torre, con acusaciones de por medio. Desde el Gobierno piensan que la búsqueda podría apuntar a la caída de Pettovello. Mientras que, por otra parte, el juez Sebastián Casanello y la fiscal Paloma Ochoa investigan la compra, por parte del Ministerio de Capital Humano, de 3,3 mil toneladas de alimentos, valuados en casi 4 mil millones de pesos adquiridos a través de la Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI).
