El Departamento de Justicia de EE.UU. pidió a la jueza Loretta Preska retrasar la sentencia en el juicio contra YPF para presentar su postura después de las elecciones del 5 de noviembre.
PAIS11/09/2024
Juan Cruz Gorosito
El Gobierno de Estados Unidos solicitó oficialmente a la jueza Loretta Preska que el fallo en el juicio por la expropiación de YPF se postergue hasta después de las elecciones presidenciales, que tendrán lugar el 5 de noviembre de 2024. Esta solicitud fue realizada por el Departamento de Justicia a través de una carta enviada al Tribunal de Distrito de Nueva York, donde se desarrolla la causa.
El objetivo del pedido es permitir que el Departamento de Justicia presente una Declaración de Interés en el caso, lo que podría influir en el desarrollo del mismo. Sin embargo, este pronunciamiento no se realizaría hasta después de que se conozcan los resultados de las elecciones, en las que los principales candidatos son Kamala Harris, por el Partido Demócrata, y Donald Trump, por el Partido Republicano.
El juicio contra YPF tiene origen en la expropiación de la empresa por parte del Estado argentino en 2012. El fondo de inversión Burford Capital, que adquirió los derechos de la demanda, busca que Argentina pague indemnizaciones millonarias. Hasta ahora, los fallos han sido desfavorables para Argentina, con una cifra de 16 mil millones de dólares en juego.
Sebastián Maril, analista de Latam Advisors, señaló que el Departamento de Justicia estadounidense podría influir en la decisión final del tribunal si se aprueba su participación. Este tipo de intervenciones suele darse cuando están en juego intereses económicos o diplomáticos de gran magnitud.
La jueza Preska deberá ahora decidir si acepta la petición del Departamento de Justicia de Estados Unidos y retrasa el fallo hasta después de las elecciones, lo que añade un nuevo capítulo a este largo y complejo litigio.
El Gobierno firmó un DNU que reforma el sector energético. Disuelve los entes reguladores del gas (ENARGAS) y la luz (ENRE) y crea un único organismo.
El Ejecutivo planea eliminar o transformar organismos clave como parte de su política de reducción del Estado. Vialidad Nacional, la CNRT y la ANSV dejarían de existir en su forma actual. Gendarmería y Economía asumirían sus funciones.
La brutal caída de temperaturas disparó la demanda de gas a niveles históricos y generó cortes de suministro en estaciones de GNC e industrias, incluso con contratos en firme. El Gobierno activó un comité de emergencia y restringió exportaciones mientras se expone una vez más el déficit estructural del sistema energético.
A través del decreto 439/2025, se confirmó que la soja volverá a tributar el 33% y el maíz el 12%. El trigo y la cebada mantendrán la baja temporal hasta marzo de 2026.
Según un informe del Gobierno, la pobreza en Argentina disminuyó significativamente en el primer trimestre de 2025, alcanzando el 31,7%, mientras que la indigencia se ubicó en el 7,3%. El descenso se atribuye a políticas económicas orientadas a estabilizar la economía y a las transferencias directas a los sectores más vulnerables.
Mediante un decreto de necesidad y urgencia, el Gobierno nacional aprobó una segunda modificación del presupuesto prorrogado para 2025. La medida busca asegurar la continuidad de servicios claves como salud, educación, seguridad y subsidios a las tarifas de luz y gas, además de atender las obligaciones de la deuda pública.
