La SIGEN mantiene bajo estricta reserva el resultado del análisis que busca determinar si existió desvío de fondos y malversación de caudales públicos.
PAIS13/10/2024
Carlos Córdoba
Mientras analiza eventuales medidas para comenzar a revisar los gastos de las universidades nacionales, el Gobierno de Javier Milei avanza con una auditoría “paralela” sobre una serie de convenios que ministerios y organismos públicos firmaron con diferentes casas de estudio de todo el país en los últimos años.
Según pudo saber TN, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) lleva adelante una revisión de 2245 acuerdos entre universidades y reparticiones de la Administración Pública Nacional para determinar de qué manera se utilizaron los fondos y si se cumplieron los objetivos pactados en los convenios, que iban desde los $2 millones hasta los $170 millones cada uno.
Del análisis se desprendió una primera conclusión: los acuerdos son sin licitación y se realizaron de manera directa, lo que despertó interrogantes en el organismo de control que dirige Miguel Blanco. La SIGEN mantiene bajo estricta reserve el resultado del análisis que busca determinar si existió desvío de fondos y malversación de caudales públicos.
FuenteAriesonline.
La falta de inversión en infraestructura vial profundiza el conflicto entre la Nación y las provincias. Mientras gobernadores y productores exigen respuestas, el Gobierno apuesta por la tercerización total del mantenimiento y enfrenta críticas por el deterioro de las rutas nacionales.
El Gobierno firmó un DNU que reforma el sector energético. Disuelve los entes reguladores del gas (ENARGAS) y la luz (ENRE) y crea un único organismo.
El Ejecutivo planea eliminar o transformar organismos clave como parte de su política de reducción del Estado. Vialidad Nacional, la CNRT y la ANSV dejarían de existir en su forma actual. Gendarmería y Economía asumirían sus funciones.
La brutal caída de temperaturas disparó la demanda de gas a niveles históricos y generó cortes de suministro en estaciones de GNC e industrias, incluso con contratos en firme. El Gobierno activó un comité de emergencia y restringió exportaciones mientras se expone una vez más el déficit estructural del sistema energético.
A través del decreto 439/2025, se confirmó que la soja volverá a tributar el 33% y el maíz el 12%. El trigo y la cebada mantendrán la baja temporal hasta marzo de 2026.
Según un informe del Gobierno, la pobreza en Argentina disminuyó significativamente en el primer trimestre de 2025, alcanzando el 31,7%, mientras que la indigencia se ubicó en el 7,3%. El descenso se atribuye a políticas económicas orientadas a estabilizar la economía y a las transferencias directas a los sectores más vulnerables.
