Como se preveía, esta tarde el fiscal general, Eduardo Villalba, formalizó la imputación de graves delitos en contra del intendente de Coronel Juan Solá en el marco de la investigación que lleva adelante, por la cual su hijo, José Migue, ya cumple prisión preventiva junto a David Medina, otro implicado.
JUDICIALES13/11/2024
Juan Cruz Gorosito
En una audiencia que se extendió por una hora, y estuvo dirigida por el juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, la Unidad Fiscal Federal de Salta avanzó ayer a la tarde con las imputaciones que ya había adelantado en torno al robo y contrabando de rieles en el norte de la provincia.
En este caso, el fiscal formalizó la imputación en contra del intendente de Coronel Juan Solá, Atta Miguel Gerala por los delitos de contrabando agravado por su valor, el número de intervinientes y la participación de un funcionario público, en concurso real con robo agravado por ser cometido en despoblado y en banda, en grado de partícipe necesario.
Asimismo, le imputó el delito de malversación de caudales públicos, en función de que dispuso el uso de bienes públicos para el provecho personal. Por otra parte, la fiscalía solicitó con éxito el levantamiento del secretario bancario, fiscal y bursátil, al igual que el arresto domiciliario del jefe comunal hasta el 31 de diciembre próximo.
Posteriormente, el juez cedió el turno al representante del Ministerio Público Fiscal, quien aclaró que la citación del intendente responde a una segunda etapa de muchas de la investigación penal que lleva adelante en torno al robo de rieles en el chaco salteño y su posterior contrabando a Bolivia, donde son reducido por cifras millonarias.
En un plenario legislativo encabezado por el vicegobernador Antonio Marocco y el titular de Diputados, Esteban Amat, autoridades del Poder Judicial y del Ministerio Público respaldaron el proyecto de reforma del Código Procesal Penal impulsado por el Ejecutivo. Destacaron avances en oralidad, digitalización y eficiencia del sistema penal.
La Justicia salteña se encamina a un hecho histórico, la provincia podría realizar su primer juicio por jurados este año, en un caso de femicidio.
El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta condenó a 7 años de prisión a Daniel Fernando Aponte, un empleado judicial del Distrito Judicial del Sur, por su rol como líder de una red de tráfico de 23 kilos de marihuana. También fueron condenados con penas de 6 años de cárcel sus cómplices, Darío Antonio Peralta y Ángel Guido Luna, quienes fueron encontrados culpables del mismo delito.
El desplazado titular de la ANDIS busca definir su estrategia en la causa en la que se investiga el supuesto pago de sobornos en el organismo de discapacidad.
El individuo tenía ordenadas medidas cautelares, las que no respetó y continuó hostigando a la damnificada y agrediéndola físicamente.
El Ministerio Público Fiscal acusa 20 personas de conformar una organización narcocriminal que operaba en el Penal de Villa Las Rosas.
