Juan Cruz Gorosito
El Ejecutivo nacional dio marcha atrás con la cesión de tierras realizada en 2023 por el gobierno de Alberto Fernández a comunidades mapuches en Mendoza. La decisión fue oficializada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), luego de considerar que el proceso estuvo marcado por irregularidades y falta de intervención de la provincia.
Las tierras, situadas en San Rafael y Malargüe, fueron entregadas sin consulta a las autoridades mendocinas, lo que generó un inmediato rechazo del gobierno local. Mendoza llevó el caso a la Corte Suprema, argumentando la violación de su autonomía y el incumplimiento de normativas vigentes en materia de tierras indígenas.
El INAI, ahora bajo la gestión de Claudio Avruj, firmó las resoluciones que anulan la cesión y dejan sin efecto el reconocimiento de ocupación de las comunidades Lof El Sosneado y Suyai Leufu. Según explicaron desde el gobierno, el otorgamiento de estos territorios no cumplía con los requisitos legales y carecía de fundamentos sólidos.
La medida se enmarca en una política más amplia del gobierno de Milei para revisar decisiones previas sobre tierras y cuestionar el rol de ciertos grupos que se identifican como pueblos originarios. Además, se produce en un contexto de tensión en la Patagonia, donde se han registrado ataques e incendios intencionales en los últimos días.
Con esta decisión, Mendoza recupera el control sobre los terrenos, que tienen un alto potencial minero y podrían ser clave para futuras inversiones en la región.
