A través del INAI, la administración de Javier Milei revocó la cesión de más de 25.000 hectáreas otorgadas durante el kirchnerismo sin consulta a la provincia. Mendoza había llevado el caso a la Corte Suprema.
PAIS06/02/2025
Juan Cruz Gorosito
El Ejecutivo nacional dio marcha atrás con la cesión de tierras realizada en 2023 por el gobierno de Alberto Fernández a comunidades mapuches en Mendoza. La decisión fue oficializada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), luego de considerar que el proceso estuvo marcado por irregularidades y falta de intervención de la provincia.
Las tierras, situadas en San Rafael y Malargüe, fueron entregadas sin consulta a las autoridades mendocinas, lo que generó un inmediato rechazo del gobierno local. Mendoza llevó el caso a la Corte Suprema, argumentando la violación de su autonomía y el incumplimiento de normativas vigentes en materia de tierras indígenas.
El INAI, ahora bajo la gestión de Claudio Avruj, firmó las resoluciones que anulan la cesión y dejan sin efecto el reconocimiento de ocupación de las comunidades Lof El Sosneado y Suyai Leufu. Según explicaron desde el gobierno, el otorgamiento de estos territorios no cumplía con los requisitos legales y carecía de fundamentos sólidos.
La medida se enmarca en una política más amplia del gobierno de Milei para revisar decisiones previas sobre tierras y cuestionar el rol de ciertos grupos que se identifican como pueblos originarios. Además, se produce en un contexto de tensión en la Patagonia, donde se han registrado ataques e incendios intencionales en los últimos días.
Con esta decisión, Mendoza recupera el control sobre los terrenos, que tienen un alto potencial minero y podrían ser clave para futuras inversiones en la región.
Según proyecciones de Unicef difundidas por Capital Humano, la pobreza infantil cayó 14 puntos en el segundo semestre de 2024. La asistencia social y la estabilidad económica serían los factores clave.
El Gobierno firmó un DNU que reforma el sector energético. Disuelve los entes reguladores del gas (ENARGAS) y la luz (ENRE) y crea un único organismo.
El Ejecutivo planea eliminar o transformar organismos clave como parte de su política de reducción del Estado. Vialidad Nacional, la CNRT y la ANSV dejarían de existir en su forma actual. Gendarmería y Economía asumirían sus funciones.
La brutal caída de temperaturas disparó la demanda de gas a niveles históricos y generó cortes de suministro en estaciones de GNC e industrias, incluso con contratos en firme. El Gobierno activó un comité de emergencia y restringió exportaciones mientras se expone una vez más el déficit estructural del sistema energético.
A través del decreto 439/2025, se confirmó que la soja volverá a tributar el 33% y el maíz el 12%. El trigo y la cebada mantendrán la baja temporal hasta marzo de 2026.
Según un informe del Gobierno, la pobreza en Argentina disminuyó significativamente en el primer trimestre de 2025, alcanzando el 31,7%, mientras que la indigencia se ubicó en el 7,3%. El descenso se atribuye a políticas económicas orientadas a estabilizar la economía y a las transferencias directas a los sectores más vulnerables.
