A través del INAI, la administración de Javier Milei revocó la cesión de más de 25.000 hectáreas otorgadas durante el kirchnerismo sin consulta a la provincia. Mendoza había llevado el caso a la Corte Suprema.
PAIS06/02/2025
Juan Cruz Gorosito
El Ejecutivo nacional dio marcha atrás con la cesión de tierras realizada en 2023 por el gobierno de Alberto Fernández a comunidades mapuches en Mendoza. La decisión fue oficializada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), luego de considerar que el proceso estuvo marcado por irregularidades y falta de intervención de la provincia.
Las tierras, situadas en San Rafael y Malargüe, fueron entregadas sin consulta a las autoridades mendocinas, lo que generó un inmediato rechazo del gobierno local. Mendoza llevó el caso a la Corte Suprema, argumentando la violación de su autonomía y el incumplimiento de normativas vigentes en materia de tierras indígenas.
El INAI, ahora bajo la gestión de Claudio Avruj, firmó las resoluciones que anulan la cesión y dejan sin efecto el reconocimiento de ocupación de las comunidades Lof El Sosneado y Suyai Leufu. Según explicaron desde el gobierno, el otorgamiento de estos territorios no cumplía con los requisitos legales y carecía de fundamentos sólidos.
La medida se enmarca en una política más amplia del gobierno de Milei para revisar decisiones previas sobre tierras y cuestionar el rol de ciertos grupos que se identifican como pueblos originarios. Además, se produce en un contexto de tensión en la Patagonia, donde se han registrado ataques e incendios intencionales en los últimos días.
Con esta decisión, Mendoza recupera el control sobre los terrenos, que tienen un alto potencial minero y podrían ser clave para futuras inversiones en la región.
La falta de inversión en infraestructura vial profundiza el conflicto entre la Nación y las provincias. Mientras gobernadores y productores exigen respuestas, el Gobierno apuesta por la tercerización total del mantenimiento y enfrenta críticas por el deterioro de las rutas nacionales.
El Gobierno firmó un DNU que reforma el sector energético. Disuelve los entes reguladores del gas (ENARGAS) y la luz (ENRE) y crea un único organismo.
El Ejecutivo planea eliminar o transformar organismos clave como parte de su política de reducción del Estado. Vialidad Nacional, la CNRT y la ANSV dejarían de existir en su forma actual. Gendarmería y Economía asumirían sus funciones.
La brutal caída de temperaturas disparó la demanda de gas a niveles históricos y generó cortes de suministro en estaciones de GNC e industrias, incluso con contratos en firme. El Gobierno activó un comité de emergencia y restringió exportaciones mientras se expone una vez más el déficit estructural del sistema energético.
A través del decreto 439/2025, se confirmó que la soja volverá a tributar el 33% y el maíz el 12%. El trigo y la cebada mantendrán la baja temporal hasta marzo de 2026.
Según un informe del Gobierno, la pobreza en Argentina disminuyó significativamente en el primer trimestre de 2025, alcanzando el 31,7%, mientras que la indigencia se ubicó en el 7,3%. El descenso se atribuye a políticas económicas orientadas a estabilizar la economía y a las transferencias directas a los sectores más vulnerables.
