Un hombre de 29 años imputado en una causa por violencia contra su expareja, evitará el juicio a cambio de realizar trabajos comunitarios y una compensación económica.
JUDICIALES05/03/2025
Redacción
En una audiencia flexible y multipropósito, la fiscalía relató un hecho de violencia, pero tras un acuerdo con la defensa, se propuso la suspensión del juicio a prueba.
El hombre de 29 años imputado en una causa por violencia contra su expareja, evitará el juicio a cambio de realizar trabajos comunitarios y una compensación económica.
El juez de la Sala II del Tribunal de Juicio de Metán Sebastián Fucho hizo lugar y ordenó suspender el juicio a prueba a favor del acusado por el término de un año.
Entre las condiciones impuestas para mantener el beneficio se ordenó al hombre reparar el daño causado a la víctima por la suma de cincuenta mil pesos y realizar trabajos comunitarios de albañilería no remunerados en el hogar de ancianos de la ciudad. Además se le prohibió ejercer cualquier acto de violencia en contra de la denunciante.
Lo denunció su expareja con quien mantuvo una relación de 12 años y con quien tiene dos hijos en común. Se habían separado hace un año y medio y no habían tenido problemas anteriores. Ella contó mantuvieron una buena relación hasta ese momento y desconoce por qué la agredió, ya que no lo considera una persona agresiva ni consumidora de sustancias o alcohol.
El día del hecho el hombre se presentó en su domicilio luego de enviarle mensajes por whatsapp solicitando ver a sus hijos. Cuando llegó comenzó a reclamarle de manera agresiva que quería ver a sus hijos y exigió que los trajera.
El hombre la golpeó y se llevó a su hijo, ropa y documentación del menor. Después del incidente, la mujer fue examinada por el médico del hospital local, quien certificó las lesiones.
Por este hecho fue acusado como autor del delito de lesiones agravadas por haber mantenido una relación de pareja y por mediar violencia de género.
En la audiencia de imputación, el sujeto negó tener vinculación con el hecho, ocurrido el 17 de noviembre pasado. Quedó alojado en la Alcaidía.
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La orden de presentación se dictó en el marco de una investigación por presunta falsificación material de documento privado. Durante la diligencia, se solicitaron documentos e información clave para determinar un posible uso indebido del sello y la firma de un médico, así como para evaluar eventuales perjuicios económicos tanto para el profesional como para el IPS.
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