Sumada a las quejas permanentes por la atención del auxiliar fiscal Julio Brandán, una abogada lo denunció por violencia institucional tras haberle negado el acceso al expediente de su defendido, a pesar de que el juzgado de garantías ya había autorizado su consulta. También aseguró que le cerró la puerta en la cara.
JUDICIALES21/03/2025
Redacción
Varios funcionarios de Tribunales constantemente son aludidos en quejas de vecinos por los tratos que reciben pero ahora la instancia pasó a una denuncia que realizó una abogada formalizando de esta manera la situación que le tocó atravesar.
La abogada María Albarracín denunció en Procuración una situación que ahora se deberá investigar por el presunto abuso de autoridad por parte de un auxiliar fiscal que ya es conocido en el ambiente por su repudiable trato con vecinos.
Según informó el diario digital Info Salta, la abogada intentó acceder al legajo de su defendido con una orden judicial en mano, y aseguró que fue agredida y humillada por Julio Brandan, quien le negó el acceso sin justificación alguna y, según su testimonio, la rozó al salir de su despacho.
Según señala la presentación, el fiscal auxiliar no solo le negó arbitrariamente el acceso al legajo a la abogada, sino que la maltrató y, al retirarse de la oficina, le cerró la puerta en la cara, llegando prácticamente a empujarla en su apuro por salir. “Tenía toda la formalidad de la ley para intervenir en la defensa de mi cliente. ¿Qué recibí a cambio? La negativa del fiscal, quien me dijo: ‘Ya le dije, doctora, que no va a ver el legajo porque yo lo decido. El Juzgado de Garantías no tiene que decirme a mí’. Y al salir, me cerró la puerta en la cara y empujó”, dijo la abogada al diario digital.
“Cuando estuve ahí, vi cómo el fiscal también maltrataba a un hombre víctima de tentativa de homicidio que estaba prestando declaración, violando la ley de víctimas 8224”, mencionó.
La ineficiencia y decadencia profesional que demuestra el auxiliar fiscal no es digno de un funcionario público que tiene una tarea social, ya que la Justicia es un servicio a la comunidad y su remuneración corresponde a recursos del Estado.
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