
Darío Pellegrini, presidente de la Cámara de PYMES de Salta, advirtió que las empresas sobreviven ajustando costos y con esfuerzo propio. Reclaman alivio fiscal urgente.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió esta tarde el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a marzo. Según el informe oficial, la inflación del tercer mes del año se ubicó en 3,7%, mientras que el acumulado de los últimos doce meses alcanzó 55,9%. En los primeros tres meses del año, la inflación acumulada fue de 8,6%.
El dato reflejó una aceleración respecto al 2,4% de febrero, impulsada principalmente por la suba de los alimentos (5,9%), el comienzo del ciclo lectivo y ciertos ajustes estacionales.
El informe se publicó horas antes de que el Gobierno avance con la aprobación de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por USD 20.000 millones, en medio de un escenario financiero volátil y tensiones en el frente cambiario. Distintas consultoras privadas, así como el propio Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, habían anticipado una suba más pronunciada de precios para marzo, ubicándola entre 2,4% y 2,9%, con el rubro alimentos y bebidas como el principal motor inflacionario.
Fuente Infobae
Darío Pellegrini, presidente de la Cámara de PYMES de Salta, advirtió que las empresas sobreviven ajustando costos y con esfuerzo propio. Reclaman alivio fiscal urgente.
Guillermo Borelli, representante del Sindicato de Trabajadores Petroleros de Córdoba, criticó duramente la política de precios en el país.
El viceministro de Economía dijo que el rojo del balance de pagos será del 2% del PBI. Es por el auge de viajes al exterior y las importaciones. “Tenemos tiempo para acumular reservas”, dijo por su parte el vice del BCRA.
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) mensual mostró una desaceleración de 1,3 puntos contra marzo. En los últimos 12 meses sumó 43,5%.
La misma habría quebrado el 2%, exhibiendo una nueva desaceleración respecto a la medición previa.
El Gobierno dispuso que no se aplicará la percepción del IVA a operaciones de hasta $10 millones dirigidas a consumidores finales. Apunta a simplificar el sistema y reducir conflictos.