Redacción
En un giro inesperado que provocó el festejo alborozado de la bancada kirchnerista, el Senado rechazó esta noche el proyecto de ley de ficha limpia, norma que buscaba impedir ser candidatos a cargos electivos y funcionarios públicos nacionales a quienes tengan una condena confirmada en segunda instancia por delitos de corrupción contra la administración pública.
Para el fracaso de la iniciativa fue clave la vuelta de campana de los senadores del Frente Renovador de Misiones, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, que hasta ayer sostenían que iban a apoyar la iniciativa pero que, de manera sorpresiva, terminaron votándola en contra. Ninguno de los dos legisladores habló durante las casi siete horas que duró la sesión.
Así, la votación terminó con 36 votos a favor y 35 en contra. Como Ficha Limpia es una reforma electoral, la Constitución exige la mayoría absoluta de los miembros de ambas cámaras legislativas, que en el caso del Senado son 37 votos afirmativos.
El giro de los renovadores misioneros, que se han mostrado como férreos aliados de la Casa Rosada durante el último año y medio, no hizo más que agitar los rumores de que fue el propio Poder Ejecutivo el que boicoteó la sanción de la ley, a pesar de las declaraciones públicas del presidente Javier Milei y de los legisladores oficialistas.
Una legisladora aliada del oficialismo le confesó a este diario las fuertes presiones del Gobierno para evitar la sanción de la liniciativa. Buscaron hasta último momento introducirle modificaciones para devolverla en segunda revisión a la Cámara de Diputados.
El extenso debate estuvo cruzado por las denuncias de los senadores de Unión por la Patria, para quienes la iniciativa tiene como única finalidad “proscribir” a Cristina Kirchner, que desde el año pasado tiene una condena a seis años de prisión por administración fraudulenta agravada por ser en perjuicio del Estado en la denominada causa Vialidad confirmada por la Cámara de Casación Penal.
La norma fue aprobada por la Cámara de Diputados en febrero último luego de dos intentos frustrados y modifica la Ley Orgánica de los Partidos Políticos y el Código Nacional Electoral, entre otras leyes. El plazo del impedimento para quienes queden alcanzados por la ley será igual al plazo de la condena y se contará desde el momento de la sentencia.
Algo similar ocurrió en el Senado, en donde el oficialismo, por directivas del Gobierno, postergó en dos oportunidades el tratamiento de la iniciativa. Al final, la apertura de la sesión se alcanzó con el aporte de La Libertad Avanza. el Pro, la UCR y os bloques provinciales y aliados del Gobierno nacional. El kirchnerismo, que se opuso de plano a la norma, entró una vez que la vicepresidenta Victoria Villarruel dio por iniciada la reunión.
La nómina de delitos incluye el cohecho, el tráfico de influencias, la malversación de caudales públicos, las exacciones ilegales, y toda violación de las leyes que de manera dolosa conlleve enriquecimiento en el ejercicio de una función pública.
“Esto concierne a lo que es la ética pública, siendo un mensaje muy claro a la ciudadanía sobre lo que es la política en la Argentina”, afirmó la peronista Alejandra Vigo (Córdoba), presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, quien destacó que con su sanción se “busca impedir el acceso a un cargo para tener fueros e impunidad”.
En ese sentido, y en prevención a las objeciones que pronto llegarían desde el kirchnerismo, Vigo señaló que las restricciones de Ficha Limpia respetan la letra constitucional y los tratados internacionales en defensa de los derechos humanos rubricados por el país.
La única oposición a la iniciativa tuvo como epicentro el bloque de Unión por la Patria, cuyos senadores hicieron hincapié en que la norma lo único tiene por finalidad sacar a Cristina Kirchner del escenario electoral a nivel nacional e intentaron, sin demasiado énfasis, introducir modificaciones al proyecto, pidieron ampliar la lista de delitos alcanzados por la prohibición, para, así, postergar su sanción y devolverlo en segunda revisión a la Cámara baja.
“Estamos ante un retroceso democrático enorme. ¿En serio le van a quitar al pueblo la condición democrática de elegir con su voto a sus representantes?”, se preguntó la ultrakirchnerista Silvia Sapag (Neuquén), quien realizó un pormenorizado repaso de los nombres de los jueces que, según el kirchnerismo, se han dedicado a perseguir al peronismo, “Quieren proscribir a Cristina Fernández de Kirchner; no la pudimos matar, ahora la proscribimos”, afirmó, en alusión a las supuestas irregularidades cometidas en la causa por la que se investiga el intento de magnicidio de la expresidenta.
En el cierre del debate, la bonaerense Juliana Di Tullio criticó a los senadores que apoyaron la iniciativa a pesar de que considerar que había que modificarla, ampliando la lista de delitos que deberían impedir a un ciudadano ocupar cargos ejecutivos o postularse a cargos electivos.
