Juan Cruz Gorosito
La Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal decidió este jueves rechazar la apelación presentada por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y ratificar la caducidad de la demanda civil que buscaba cobrarle 22.300 millones de pesos a Cristina Fernández de Kirchner y a otros involucrados en la causa de corrupción vinculada a la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz.
La acción civil, que había sido impulsada el 25 de enero de 2018 durante la gestión del expresidente Mauricio Macri, pretendía resarcir los presuntos perjuicios causados al patrimonio público por la ejecución de diversas obras en la provincia natal de la exmandataria. El expediente apuntaba directamente a la expresidenta, quien se encuentra actualmente detenida en el marco de este proceso judicial, además de otros exfuncionarios y empresarios vinculados a la causa.
Los abogados defensores de Cristina Kirchner, encabezados por su equipo legal, argumentaron que la Dirección de Vialidad no había impulsado el caso durante un período crítico de seis meses, entre marzo y agosto de 2023. Según su planteo, este lapso transcurrió sin que se realizara ninguna acción judicial significativa, lo que, a su juicio, resultaba en la caducidad del procedimiento. Este intervalo de tiempo incluyó tanto los mandatos del presidente Alberto Fernández como el actual de Javier Milei.
El juez de primera instancia, Marcelo Bruno dos Santos, falló a favor de la defensa, determinando que Vialidad había abandonado el caso durante el período entre el 18 de marzo de 2023 y el 7 de abril de 2025, descontando las ferias judiciales y un período anterior en el que el proceso había quedado suspendido debido a un incidente de caducidad ocurrido entre septiembre de 2023 y marzo de este año.
El fallo de la Cámara Federal confirma que el reclamo de la DNV por el pago de 22.300 millones de pesos no tiene sustento legal debido al incumplimiento en los plazos procesales. Esta decisión constituye un revés significativo para el organismo público y para quienes impulsaban la acción civil, pues cierra la posibilidad de que se avance en la recuperación de los fondos.
Para los seguidores del caso, la sentencia refleja una vez más los complejos vericuetos judiciales de la causa de corrupción que involucra a la expresidenta, cuya situación legal sigue generando tensiones tanto dentro del ámbito político como en la opinión pública.
A nivel político, la decisión judicial es vista como un nuevo capítulo en el largo proceso judicial que enfrenta Cristina Kirchner, mientras que desde el ámbito oficialista se considera un respaldo a la defensa de la exmandataria, que ya enfrenta otros procesos penales por corrupción.
La caducidad de esta demanda civil no pone fin al proceso judicial en su totalidad, pero sí marca un punto importante en una de las acciones legales más mediáticas y complejas que aún persisten en el sistema judicial argentino.
