Juan Cruz Gorosito
Tras varios años de peritajes, apelaciones y disputas procesales, la causa conocida como “Cuadernos” llega finalmente a su momento más visible. Este jueves 6 de noviembre se dió inicio al juicio oral en el Tribunal Oral Federal Nº 7, que tendrá como principal acusada a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien afronta el debate desde su arresto domiciliario —ya que cumple una condena por otro caso de corrupción, la llamada “Causa Vialidad”.
La acusación fiscal, respaldada por la fiscal general Fabiana León, sostiene que entre 2003 y 2015 se montó una estructura ilícita para recaudar sobornos de empresas constructoras y adjudicar contratos de obra pública, con un registro detallado de rutas, bolsos y pagos anotados por el exchofer Óscar Centeno.
Este mega-juicio reúne 87 imputados (19 exfuncionarios, 65 empresarios y 2 choferes colaboradoras) y contará con más de 600 testigos declarando en audiencias que se extenderán por al menos tres años.
El debate comenzará con audiencias virtuales transmitidas por plataformas online, lo que permitirá seguimiento público del proceso. En su primer mes, las sesiones se dedicarán a la lectura de la acusación fiscal cada jueves; a partir de marzo de 2026, se sumarán también los martes.
Las defensas de los acusados argumentan cuestionamientos a la prueba central -las anotaciones de Centeno-, alegando alteraciones, tachaduras y peritajes que habrían detectado irregularidades. La Corte Suprema de Justicia ya rechazó diversos recursos para evitar la elevación del debate oral.
Esta investigación tiene en juego no solo responsabilidades individuales, sino también un debate más amplio sobre el vínculo entre el poder político y económico en Argentina, el financiamiento ilícito y la adjudicación de obra pública. Según los expertos judiciales, el resultado podría sentar precedentes para la persecución de grandes estructuras de corrupción.
Mientras tanto, Cristina Fernández de Kirchner, conectada desde su domicilio en Buenos Aires, afronta su rol en el juicio como acusada de liderar la asociación ilícita e instigar el cobro sistemático de coimas.
La sociedad argentina observa con atención este proceso, que marca un antes y un después por el volumen de acusados, la magnitud de las pruebas y la visibilidad pública del debate.
