La Cámara Electoral rechaza solicitud de reimpresión de la Boleta Única en Buenos Aires

La Cámara Nacional Electoral resolvió que no corresponde expedirse sobre el pedido presentado por la alianza La Libertad Avanza para reimprimir la Boleta Única de Papel (BUP) en el distrito Buenos Aires, tras la renuncia de tres de sus candidatos a diputados nacionales. La renuncia más mediática fue la de José Luis Espert, quien abandonó su candidatura en medio de un escándalo relacionado con su vínculo con un empresario condenado por narcotráfico. En consecuencia, el puesto que originalmente le correspondía a Espert no será reemplazado por el candidato de Juntos por el Cambio, Diego Santilli, como había solicitado la alianza.

El tribunal subrayó que la solicitud de reimpresión ya no era posible de cumplir por motivos materiales y de tiempo. A tan solo 15 días de las elecciones generales del 26 de octubre, los plazos para la modificación y distribución de las boletas se habían agotado, lo que hacía imposible llevar a cabo la reimpresión solicitada sin poner en riesgo la integridad y la organización de los comicios.

El conflicto surgió cuando los apoderados de La Libertad Avanza pidieron que se actualizara la boleta única con la nueva conformación de la lista, tras las bajas de un candidato y dos candidatas. En su solicitud, argumentaron que esta medida era necesaria para garantizar “la transparencia” y el “derecho del electorado a elegir informadamente”. Sin embargo, la Junta Electoral Nacional de Buenos Aires rechazó el pedido, al considerar que los plazos y los recursos disponibles no permitían llevar a cabo la impresión de una nueva boleta sin afectar el cronograma electoral.

Ante este rechazo, los apoderados de La Libertad Avanza apelaron la decisión, señalando que la imposibilidad alegada no era una causa ajena al proceso, sino una consecuencia de la demora en la resolución del caso por parte del propio tribunal electoral, lo que había llevado la situación al límite de lo materialmente posible.

Sin embargo, el dictamen del fiscal actuante fue claro al señalar que, en términos fácticos, no era posible cumplir con el procedimiento legal. La reimpresión implicaba una serie de etapas, como la oficialización de un nuevo modelo de boleta, su aprobación en audiencia pública, y la posterior impresión, distribución y control de casi 40.000 talonarios, todo ello en un plazo muy ajustado para asegurar la organización de las mesas de votación.

La Cámara se apoyó en la reforma introducida por la ley 27.781, que implementó el sistema de Boleta Única de Papel, y en el informe técnico del Correo Oficial, que detalló que la fecha límite para iniciar la distribución del material electoral era el 16 de octubre. El plazo para la impresión de nuevas boletas había vencido el 10 de octubre, mucho antes de que la causa llegara a la Cámara Electoral.

Finalmente, el tribunal resolvió que no corresponde pronunciarse sobre el pedido de la alianza, considerando que la cuestión había perdido relevancia y virtualidad. Según la resolución, la reimpresión de las boletas ya no era posible sin comprometer la regularidad de los comicios.

La decisión fue notificada tanto al juzgado de origen como a la Dirección de Comunicación y Gobierno Abierto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.