Axel Morales
En una jornada marcada por masivas movilizaciones en las principales capitales del país, el Gobierno nacional a través del partido oficialista La Libertad Avanza respondió de manera contundente a la comunidad académica. Calificó la protesta como una "marcha política opositora" y negó de forma rotunda las acusaciones de estrangulamiento presupuestario o intenciones de clausurar los establecimientos de educación superior.
Mientras el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los gremios docentes denuncian una caída real de la ejecución del gasto del 29% entre 2023 y 2025 junto con una pérdida del poder adquisitivo salarial del 34,2%, el oficialismo contrapuso sus propios indicadores de gestión.
Desde la Casa Rosada precisaron que las transferencias operativas se realizan rigurosamente de forma mensual a diferencia de los atrasos de hasta cuatro meses registrados durante la gestión presidencial de Alberto Fernández. Asimismo, subrayaron que las partidas destinadas a las altas casas de estudio para el período vigente se incrementaron hasta alcanzar los 4,8 billones de pesos, en un escenario económico donde la inflación anualizada logró desacelerarse hasta el 31,5%.
El núcleo del debate técnico radica en la Ley de Financiamiento Universitario (N° 27.795). El partido de gobierno recordó que la normativa "nació suspendida en su ejecución" amparándose en la Ley de Presupuesto N° 24.629, ya que el Congreso de la Nación omitió determinar los recursos tributarios específicos para costearla. Su aplicación inmediata exigiría un desembolso adicional de 1,9 billones de pesos.
En la faz legal, el oficialismo anotó un triunfo estratégico: la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal concedió un Recurso Extraordinario Federal interpuesto por los abogados del Estado. Esta resolución judicial paraliza los efectos de las medidas cautelares previas que obligaban a recomponer sueldos y becas por inflación, trasladando la definición última del conflicto a los despachos de la Corte Suprema de Justicia.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, insistieron en ruedas de prensa previas que la prioridad absoluta e "inquebrantable" es preservar el déficit cero. Un informe complementario del Ministerio de Economía advirtió que convalidar el esquema exigido por las universidades requeriría reasignar de golpe el 90,3% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado.
El Poder Ejecutivo concluyó argumentando que romper el balance fiscal para financiar la ley implicaría necesariamente recurrir a una suba de impuestos o a la emisión monetaria descontrolada, factores técnicos que inducirían un rebrote inflacionario y el consecuente incremento de los índices de pobreza.
