Juan Cruz Gorosito
La causa judicial que tiene como principal imputado al intendente de La Merced, Javier Rafael Wayar, registró este jueves un nuevo avance con la realización de la audiencia de admisibilidad de pruebas, etapa clave en el proceso en el que se investigan presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado.
La audiencia fue encabezada por el juez Aldo Rubén Saravia y contó con la participación de la auxiliar fiscal María Eugenia López Ahanduni en representación del Ministerio Público Fiscal. La defensa de los acusados estuvo a cargo de los abogados Darío Palmier y Juan José Valdez Aguilar, mientras que el Concejo Deliberante de La Merced intervino como querellante a través del letrado Franco Gorriti.
Al inicio de la jornada, la defensa del intendente presentó tres planteos preliminares. El magistrado rechazó dos de ellos al considerar que se trataba de cuestiones ya resueltas y que no correspondía volver a debatirlas en esta instancia procesal. Respecto del tercer planteo, la decisión quedó supeditada a la verificación de una notificación dirigida a la parte querellante.
Posteriormente, el juez exhortó a las partes a avanzar en acuerdos probatorios sobre aquellos hechos que no presentan controversias, con el objetivo de agilizar el desarrollo del juicio.
La investigación tuvo origen en una denuncia impulsada por el entonces presidente del Concejo Deliberante de La Merced, Santiago Huerga, junto a otros ediles. Según la acusación, una pesquisa permitió detectar que en septiembre de 2020 se habrían realizado transferencias de dinero desde cuentas de la Municipalidad hacia cuentas personales de los entonces concejales Dina Pastrana, Pedro Gutiérrez y Daniel Coreico, sin una justificación legal o administrativa que las respaldara.
Además, la fiscalía sostiene que Wayar habría incumplido deberes inherentes a su función al aprobar y firmar un contrato de comodato entre la Municipalidad y una asociación civil para la cesión de un inmueble ubicado dentro del predio del matadero municipal. De acuerdo con la acusación, la operación se habría concretado sin realizar la licitación correspondiente ni contar con la autorización previa del Concejo Deliberante, requisitos establecidos por la Carta Orgánica Municipal.
Con la etapa de admisibilidad de pruebas en marcha, la causa continúa su curso hacia las próximas instancias judiciales, donde se definirá qué elementos serán incorporados al debate oral.
