Juan Cruz Gorosito
El Ente Regulador de los Servicios Públicos participó de una mesa de trabajo realizada en el Concejo Deliberante de La Merced, donde se analizaron distintos aspectos vinculados al crecimiento urbano y la planificación de los servicios esenciales en localidades del Valle de Lerma.
Durante el encuentro, el secretario de Usuarios, Consumo y Abordaje Territorial, Pedro de los Ríos, expuso sobre las acciones que lleva adelante el organismo para acompañar el desarrollo de nuevos emprendimientos urbanísticos, con especial énfasis en la provisión de agua potable, saneamiento y energía eléctrica.
Uno de los temas centrales fue la presentación de los avances del Registro Único de Operadores de Servicios Públicos Sanitarios (RUOSP), una herramienta que permite relevar y organizar información sobre prestadores de servicios sanitarios en distintos puntos de la provincia, fortaleciendo las tareas de control y monitoreo.
Además, se abordaron las normativas vigentes que regulan los nuevos desarrollos urbanos y la necesidad de que los proyectos cuenten con información clara sobre la disponibilidad y factibilidad de los servicios públicos requeridos para su funcionamiento.
La jornada fue impulsada por el Concejo Deliberante de La Merced y contó con la participación de concejales de La Merced, Chicoana, Campo Quijano y Vaqueros, junto a representantes de organismos provinciales e instituciones relacionadas con el ordenamiento territorial.
Durante la reunión se intercambiaron experiencias y se analizaron problemáticas comunes vinculadas al crecimiento de las localidades, la expansión de la infraestructura y la prestación de servicios básicos, buscando generar criterios de trabajo coordinados entre los distintos municipios.
Desde el Ente destacaron la importancia de estos espacios de diálogo para avanzar en una planificación ordenada que permita acompañar el desarrollo urbano sin comprometer la calidad de los servicios públicos.
En ese contexto, se recordó la reciente puesta en vigencia de la Resolución N.º 771/26, que establece nuevas obligaciones de información para loteos y urbanizaciones. La normativa exige que se informe de manera clara y verificable el estado de los servicios de energía eléctrica, agua potable y saneamiento, mediante cartelería específica, códigos QR con documentación técnica y la identificación expresa de los servicios disponibles en los contratos de compraventa.
La medida busca reforzar la transparencia en las operaciones inmobiliarias y garantizar mayores niveles de protección para los consumidores que adquieren terrenos o inmuebles en nuevos desarrollos urbanísticos.
