Un nuevo protocolo fija pautas comunes para la actuación fiscal ante delitos cometidos por adolescentes en Salta

La Procuración General de la Provincia de Salta, a cargo de Pedro García Castiella, aprobó el nuevo Protocolo General de Actuación del Ministerio Público Fiscal en materia Penal Juvenil. La normativa adecua la labor de los fiscales locales al marco de la Ley Nacional Nº 27.801 y establece criterios unificados para abordar los hechos delictivos atribuidos a personas de entre 14 y 17 años en todos los distritos judiciales de la provincia.

El instrumento técnico ratifica que la incorporación de la franja etaria desde los 14 años al régimen de responsabilidad no implica una equiparación automática con la justicia de adultos. La actuación institucional estará guiada por principios como la mínima intervención penal, la proporcionalidad, la celeridad, el interés superior del menor y la excepcionalidad de la prisión preventiva, la cual solo podrá solicitarse bajo fundamentación reforzada y cuando no existan alternativas menos restrictivas.

La normativa dispone tres niveles de abordaje según la franja de edad al momento de la comisión del hecho. Los menores de 14 años quedan completamente excluidos de la persecución penal, aunque se podrá investigar el entorno para proteger derechos o hallar a otros responsables. Para el tramo de 14 a menos de 16 años se fija un criterio sumamente restrictivo orientado a mecanismos restaurativos y desjudicialización, mientras que entre los 16 y 17 años se aplica plenamente el régimen de especialidad, evaluando la madurez y la gravedad del caso sin presumir una culpabilidad equivalente a la de un mayor de edad.

Para la gestión de las causas, los fiscales clasificarán los expedientes en tres gradientes: baja intensidad, intensidad intermedia e intervención prioritaria. Los casos menores se resolverán preferentemente mediante criterios de oportunidad y mediación, reservando la vía judicial prioritaria para delitos complejos o con un fuerte impacto en el interés público.

Un eje central del protocolo apunta a la persecución de la criminalidad organizada. Ante sospechas de explotación delictiva juvenil, la fiscalía deberá enfocar la investigación en identificar y procesar a los adultos o estructuras que recluten o dirijan a los adolescentes. Asimismo, la medida incluye pautas específicas para garantizar la asistencia y no revictimización de las víctimas durante el desarrollo del proceso.