Juan Cruz Gorosito
El Instituto Provincial de Salud atraviesa un escenario de presión sobre sus cuentas, con ingresos que no alcanzan a cubrir los gastos mensuales y demoras en los pagos a quienes brindan atención a sus afiliados. A ese panorama se suma una preocupación que, según su presidente, Martín Baccaro, se repite entre distintos profesionales: cada vez menos pacientes llegan a los consultorios.
El titular del IPS explicó que el organismo afronta gastos de entre $32.000 y $35.000 millones mensuales, mientras que los ingresos por aportes, contribuciones y otros recursos se ubican entre $27.000 y $29.000 millones. La Provincia realiza aportes adicionales para cubrir la diferencia, aunque esa asistencia no permite eliminar los atrasos.
“Estamos pagando todo, pero con un atraso que hoy está entre 15 y 20 días”, reconoció Baccaro. Según indicó, la deuda se redujo respecto del período que derivó en la intervención de la obra social y el diálogo con prestadores y proveedores permitió sostener la atención. En ese contexto, aseguró que no se prevén conflictos ni interrupciones de servicios a corto plazo, aunque la menor recaudación provincial y el incremento de los costos médicos mantienen la presión financiera.
Las dificultades también se sienten del otro lado del consultorio. Baccaro señaló que odontólogos, fonoaudiólogos y kinesiólogos, entre otros profesionales, advierten una disminución en la cantidad de pacientes. Vinculó esa situación con los problemas económicos de las familias y con las trabas que presentan algunas obras sociales nacionales para autorizar prestaciones o garantizar atención.
El pago de adicionales representa otra barrera. Según el funcionario, muchos pacientes ya no pueden afrontar los plus y aranceles diferenciados, lo que reduce la actividad de los consultorios y hace que los profesionales dependan cada vez más de los pagos del IPS para sostener sus ingresos y gastos de funcionamiento.
En paralelo, la obra social reactivó la Unidad de Prevención y Detección del Fraude, un área de control interno que había dejado de funcionar. Baccaro confirmó que los primeros informes permitieron detectar irregularidades relacionadas con prestadores, proveedores y otras actividades del organismo. Esas actuaciones ya dieron lugar a sanciones y, en algunos casos, a denuncias penales.
El presidente del IPS aclaró que las investigaciones se mantienen bajo reserva para evitar perjuicios injustificados a los profesionales involucrados y que las sanciones se informan una vez resueltas formalmente. La reactivación del área busca fortalecer la fiscalización del uso de los recursos de la obra social.
