Redacción
La modificación se instrumentó mediante el DNU 274/2024, que reemplazó el mecanismo establecido por la Ley 27.609 por un esquema de actualización basado exclusivamente en la inflación. Esta medida fue una de las herramientas centrales utilizadas por el Poder Ejecutivo para alcanzar el superávit fiscal.
Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), tras los aumentos correspondientes a diciembre, la jubilación mínima sin bono se ubicó en $340.886. En contraste, si hubiera continuado vigente la fórmula anterior, el haber mínimo alcanzaría los $434.279, lo que implica una diferencia mensual de $93.393 para los beneficiarios del sistema previsional.
El documento sostiene que la fórmula derogada habría resultado más favorable para los ingresos jubilatorios en el tiempo y que fue eliminada de manera anticipada, justo cuando comenzaba a mostrar una mejora real en los haberes. De acuerdo con el CEPA, el esquema previo se basaba en la evolución de la recaudación de la seguridad social y los salarios, variables que suelen presentar rezagos y permiten una recuperación frente a la inflación cuando esta comienza a desacelerarse.
En ese sentido, el informe advierte que, bajo el sistema actual, las jubilaciones no perderían poder adquisitivo frente a la inflación, pero tampoco podrían recuperar lo perdido en el período previo.
La situación resulta más crítica para quienes perciben la jubilación mínima, debido al congelamiento del bono compensatorio. Desde marzo de 2024, este refuerzo permanece fijo en $70.000, lo que provocó una fuerte pérdida de su valor real. Mientras los haberes se incrementaron un 154% entre marzo de 2024 y diciembre de 2025, la jubilación mínima con bono incluido aumentó solo un 101%.
Para que el bono mantuviera su poder adquisitivo original, en diciembre de 2025 debería haber alcanzado los $177.485. La diferencia de $107.485 representa, según el análisis, el recorte mensual que enfrentan los jubilados de menores ingresos por la falta de actualización de este componente.
El informe señala además que las jubilaciones con bono se ubican un 16,8% por debajo de los niveles registrados en el último trimestre de la gestión de gobierno anterior. En términos históricos, el inicio de la actual administración implicó una caída del 26,3% en los haberes sin bono y del 21,3% en aquellos que lo perciben, situando el poder de compra actual un 3% por debajo del promedio de la década de 1990.
A este escenario se suma el uso del veto presidencial para frenar iniciativas legislativas destinadas a recomponer los ingresos del sector. El CEPA recuerda que en agosto de 2025 se vetó una ley que preveía un aumento excepcional del 7,2% para compensar la inflación de enero de 2024 y la actualización del bono a $110.000. De haberse aplicado, la jubilación mínima con bono habría alcanzado los $446.935 y recuperado el poder adquisitivo perdido tras la asunción de Milei.
Por último, el informe advierte que la finalización de la moratoria previsional en marzo de 2025 agrava la situación de los adultos mayores. Sin este mecanismo de inclusión, el centro de estudios estima que nueve de cada diez mujeres y ocho de cada diez varones que alcanzan la edad jubilatoria no pueden acceder a una jubilación por no reunir los 30 años de aportes requeridos.
En estos casos, deben recurrir a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% de una jubilación mínima y exige una edad de acceso mayor para las mujeres.
Fuente: Informate Salta
