Juan Cruz Gorosito
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos extraordinarios impulsados por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner y dejó firme el decomiso de bienes dispuesto en el marco de la causa Vialidad, donde la ex mandataria fue condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Con esta resolución, la Justicia descartó que el planteo llegara a la Corte Suprema y avanzará con los trámites para ejecutar el decomiso de bienes pertenecientes a la familia Kirchner y al empresario Lázaro Báez, considerado uno de los principales beneficiarios de la obra pública investigada durante los gobiernos kirchneristas.
La medida apunta a recuperar para el Estado un total de $684.990.350.139,86, cifra establecida en la condena judicial. Entre los bienes alcanzados figuran 111 propiedades y activos vinculados al patrimonio familiar y empresarial.
En el caso de Máximo y Florencia Kirchner, hijos de la ex presidenta, la resolución alcanza 19 propiedades que recibieron por herencia o cesión. Entre ellas aparecen diez departamentos ubicados en Río Gallegos y cinco lotes vinculados al complejo hotelero Los Sauces, en Lago Argentino, provincia de Santa Cruz.
El fallo fue firmado por los jueces Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky. Este último votó en disidencia parcial al considerar que debía habilitarse la instancia extraordinaria respecto de algunos bienes vinculados a los hijos de Cristina Kirchner y a determinadas empresas de Báez.
En su voto, Hornos sostuvo que “el decomiso de los beneficios de origen delictivo encuentra su fundamento en que el delito no constituye un título legítimo para generar riqueza jurídicamente reconocida”, y remarcó que los hechos investigados conformaron “un flujo económico de magnitud extraordinaria en perjuicio del erario público”.
Además, el magistrado rechazó los argumentos de la defensa respecto de que el decomiso de bienes heredados vulneraría garantías constitucionales. Según expresó, aunque Máximo y Florencia Kirchner no hayan sido condenados penalmente en la causa, eso no impide el decomiso si existe una “vinculación razonable” entre los bienes y el provecho económico derivado del delito investigado.
Por su parte, Borinsky consideró que algunos inmuebles adquiridos antes del 23 de abril de 2004 —fecha tomada por el tribunal como inicio del período bajo análisis— debían ser revisados, al entender que la sentencia no abordó adecuadamente esa situación objetiva planteada por las defensas.
La resolución también alcanza bienes ligados a las empresas Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto, vinculadas al grupo empresario de Lázaro Báez.
