Juan Cruz Gorosito
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal dio un nuevo paso en la causa Vialidad al rechazar los planteos presentados por las defensas de Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez, y ordenar la ejecución de 111 bienes inmuebles con el objetivo de reparar el perjuicio económico causado al Estado nacional.
La decisión, firmada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, confirma el decomiso de propiedades vinculadas tanto a la expresidenta y su entorno familiar como al empresario santacruceño y sus compañías. La medida apunta a avanzar en el recupero de activos tras la condena por irregularidades en la adjudicación de obra pública.
Según se detalla en el fallo, del total de bienes alcanzados por el decomiso, 84 corresponden a Lázaro Báez, mientras que uno figura a nombre de Cristina Kirchner. Además, se incluyen dos inmuebles de Austral Construcciones S.A., tres de Kank y Costilla S.A., dos de Loscalzo y Del Curto S.R.L., y 19 propiedades pertenecientes a Máximo y Florencia Kirchner.
Las defensas de los condenados habían cuestionado la medida con distintos argumentos. En el caso de la familia Kirchner, los abogados sostuvieron que parte de los bienes decomisados fueron heredados de Néstor Kirchner o transferidos antes de los hechos investigados, por lo que no tendrían relación con las maniobras ilícitas. También invocaron la buena fe de los titulares.
Por su parte, la defensa de Báez y otros implicados planteó que no existía una fundamentación suficiente que acreditara el vínculo directo entre los inmuebles y los beneficios obtenidos a partir del delito. Sin embargo, estos cuestionamientos no prosperaron.
El tribunal consideró que los criterios utilizados por el Tribunal Oral Federal 2 para identificar los bienes fueron adecuados y advirtió que exigir una reconstrucción contable exhaustiva de cada operación resultaría inviable en el contexto de una estructura de criminalidad económica compleja y sostenida en el tiempo. De este modo, Casación dejó firme el avance sobre el patrimonio de los condenados en uno de los casos más relevantes de corrupción en la obra pública.
