Por orden del juez federal Lino Mirabelli, se realizaron allanamientos en la vivienda del legislador en Beccar y en su despacho del Congreso. La causa investiga una transferencia de 200.000 dólares del empresario Fred Machado, procesado por narcotráfico en EE.UU.
POLÍTICA09/10/2025
Juan Cruz Gorosito
Este jueves, por orden del Juzgado Federal de San Isidro, efectivos de la Policía Federal Argentina allanaron el domicilio del diputado nacional José Luis Espert en la localidad bonaerense de Beccar, así como su despacho en el Congreso de la Nación. El procedimiento fue autorizado por el juez Lino Mirabelli en el marco de una causa por presunto lavado de dinero, con la intervención del fiscal federal Federico Domínguez.
La investigación gira en torno a supuestos vínculos financieros entre Espert y el empresario Federico "Fred" Machado, actualmente procesado en Estados Unidos por causas vinculadas al narcotráfico. El expediente se encuentra bajo secreto de sumario.
El origen de la causa fue una denuncia presentada por el dirigente social Juan Grabois, quien señaló una transferencia de 200.000 dólares desde una cuenta vinculada a Machado hacia el diputado liberal. La Justicia intenta determinar si ese dinero tiene origen ilícito y si podría constituir un caso de lavado de activos, conforme al Código Penal argentino.
Durante el allanamiento, que se desarrolló con normalidad, Espert estuvo presente y acompañado por sus abogados. El legislador negó irregularidades y sostuvo que el pago correspondía a un adelanto por un contrato de consultoría firmado en 2019 con la empresa guatemalteca “Minas del Pueblo”, relacionada con Machado. Según Espert, el acuerdo —por un total de un millón de dólares— nunca llegó a ejecutarse debido a la pandemia.
El escándalo tuvo consecuencias políticas inmediatas: Espert anunció su retiro de la contienda electoral prevista para el 26 de octubre, solicitó licencia en la Cámara de Diputados y renunció a la presidencia de la comisión de Presupuesto, cargo que ocupaba hasta ahora.
Mientras tanto, la Justicia avanza con nuevas medidas probatorias para esclarecer si hubo delito en la operatoria financiera entre el legislador y el empresario investigado.
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