No podrán ser candidatos aquellos que hayan tenido alguna condena penal por narcotráfico

El procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella, expuso ante las comisiones de Justicia y de Legislación General de la Cámara de Diputados, sobre la necesidad de incorporar los delitos de narcotráfico y lavado de activos de origen ilícito en la ley de Ficha Limpia. Propuso que aquellos con condenas penales confirmadas no puedan ser candidatos, como medida preventiva contra la infiltración del crimen organizado en los estados y sus instituciones.

García Castiella subrayó la importancia de enfrentar y prevenir el avance del narcotráfico para evitar su impacto en la sociedad y el Estado. En este sentido, el proyecto presentado el 15 de enero forma parte de la política criminal del Ministerio Público Fiscal para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Es importante destacar que esta medida no vulnera el principio de inocencia, sino que establece un requisito de idoneidad para ocupar cargos públicos, con respaldo y aval en la Constitución Nacional y el art. 23 inc. 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El objetivo principal de esta propuesta es fortalecer la integridad del sistema democrático y prevenir intrusiones que puedan comprometer la seguridad y estabilidad del Estado.

En el encuentro, García Castiella explicó que la modificación propuesta consiste en que no puedan ser candidatos aquellos que hayan tenido alguna condena penal confirmada en segunda instancia por infracciones a la Ley 23.737 (Ley de estupefacientes) Agregando para tornar mas eficaz el impedimento, la alternativa de «Que el cómputo temporal de la inhabilitación lo sea desde el dictado del fallo confirmatorio hacia adelante, y que, si es posible, que sea por el doble de la condena».

Respecto a la expansión del control territorial que persigue todo crimen organizado, destacó el Procurador que “según las experiencias sobre las que existe consenso en todos los países, el narcotráfico se infiltra siempre por fases graduales en distintos niveles del  tejido social, comenzando en un principio por los sectores más vulnerables y pretendiéndose extender en fases posteriores hacia elementos del Estado, aspirando al control territorial. “Aunque si bien no estamos ni cerca de situaciones extremas, es imperioso adoptar medidas a tiempo desde todos los ámbitos del Estado, ya que no habría nada peor que visiones displicentes o desatentas ante determinados indicadores de alerta.”

De la observación de las ultimas investigaciones relacionadas al crimen organizado en el norte provincial, se han advertido vínculos entre organizadores criminales con niveles de logística y planificación de relevancia; cabe recordar a modo de ejemplo, que actualmente, el Ministerio Público Fiscal, a través de la Unidad de Crimen Organizado, investiga a un ex candidato a intendente de la ciudad de Orán, por su presunta vinculación con una organización dedicada no solo al narcotráfico, sino también a otros delitos complejos, sosteniendo bajo prisión preventiva a los acusados de ser sus organizadores.

 La ley de Ficha Limpia es un paso importante, pero es necesario ampliarla para abordar este tema, incluyendo la necesidad de atacar la renta del crimen organizado, enfrentando con igual intensidad al lavado de activos financieros.

Señaló también García Castiella: “Considero que la lucha contra el lavado de activos es incluso más importante que la lucha territorial contra el narcotráfico. Mientras el narcotráfico es la cara visible que se manifiesta con la  violencia, el crimen organizado persigue la renta de manera más silenciosa. Este puede o no dedicarse al narcotráfico, dependiendo de cuál actividad sea más rentable en el momento.

Y agregó: «Es crucial para los estados, enfrentar el crimen organizado atacando su fuente de ingresos, lo cual implica ser contundentes con el lavado de activos financieros. La ley de ficha limpia es un paso importante en esta dirección, pero también es fundamental que la Unidad de Información Financiera tenga un rol relevante en este combate”.

“Considero que es plenamente constitucional, ya que establece que la condena debe ser doblemente confirmada, es decir, con dos sentencias negativas consecutivas, lo cual está en línea con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En la práctica, hablar de doble instancia puede resultar inocuo, ya que el proceso puede demorar varios años en llegar a esa etapa. Una alternativa podría ser que la inhabilitación comience a contarse desde que la condena queda firme hacia adelante, en lugar de computarla desde el cometimiento del delito, lo cual podría tornar abstracto el impedimento. Otra opción sería que la inhabilitación sea por el doble de la duración de la condena. En nuestra provincia, estamos trabajando para que estas medidas sirvan para prevenir situaciones no deseadas que se viven en otros lugares del país. En resumen, el sentido del proyecto es garantizar que se tomen todas las medidas preventivas necesarias”- afirmó el Procurador General.